DISCAPACIDAD: SIN MENDICIDAD Y CON OPORTUNIDAD

Tomando en consideración la sugerencia de mi compañero de colegio, Carlos Ocaña, enfocaré brevemente la situación actual de la persona discapacitada en nuestro país, mas aún, que ayer se conmemoró –casi nadie se acordó-, del Día del Minusválido por Ley Nº23241, promulgada en el segundo gobierno Constitucional del presidente Fernando Belaunde Terry.
Debo confesarles que la apretada apreciación que expondré está basado en el plan congresal denominado “Proyecto Político para la Integración del Discapacitado en la Sociedad”, que presenté cuando fui Pre-candidato al Congreso de la República por Acción Popular hace 02 años y medio. Señalé en esa oportunidad que hace aproximadamente 26 años el Estado toma paulatinamente conocimiento de la problemática de lo que antes lo denominaban inválido, minusválido, impedido físico, limitado físico; para hoy técnicamente denominarlo discapacitado.
Pero, ¿discapacitado de qué?, si una persona que sufre de algún impedimento físico se rehabilita adecuadamente entonces puede competir y hasta superar a la persona físicamente normal en el mercado laboral y hasta intelectual.
¿Oportunidades?. Con este gobierno: NULAS. Peor, porque con la desactivación del CONADIS –que siguiera de nombre algo hacía-, para depender exclusivamente del MIMDES (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), que con su alta burocracia no saben distinguir las soluciones adecuadas en lo laboral, educacional, salud e infraestructura –cómo sufre el discapacitado cuando encuentra barreras arquitectónicas o no existen ascensores en los edificios no solo privados sino también públicos-, para solucionarle integralmente su problemática.
Y eso que estamos en el Decenio del Discapacitado, pero para el Estado las prioridades son otras, como salvar ministros ineficaces de la censura o en soportar los diarios monólogos del presidente García.
Sostuve que en 1944 el Estado puso un impuesto adicional a la cerveza en beneficio de los invidentes. ¿Por qué no se ha seguido con esta misma política para conseguir recursos y ayudarlos?.
¿Por qué CONADIS permitió que se cometiera el mayor error, que los recursos de las infracciones de tránsito pasaran al sector educación y no a su propio ente rector?.
De haberse corregido la ley el ex CONADIS hubiese tenido los recursos suficientes para implementar una política integral del discapacitado, en especial en su rehabilitación y en aparatos ortopédicos.
Señalé además que Acción Popular por su doctrina, obligatoriamente ejecutaría la solidaridad social y la defensa del capital humano porque dignifica al hombre y a la vida familiar como interés principal de todo el desarrollo humano. Es heredero de esa doctrina porque busca la inspiración en la realidad nacional.
Si revisamos la actuación de nuestros antepasados estamos convencidos que los Incas practicaban celosamente en las cuatros regiones del Tahuantinsuyo la justicia social para asegurar el sustento a los “inválidos”, las viudas, los ancianos y los huérfanos.
Estoy convencido que seguimos retrocediendo en la política de bienestar social porque no hay nada al respecto, peor para los discapacitados porque no existen programas o difusión de los mismos que le permitan integrarse adecuadamente a esta sociedad cada vez más competitiva. Están en los últimos niveles de marginación y de discriminación, especialmente en lo laboral.
A pesar que una persona discapacitada está rehabilitado y preparado en lo laboral surgen los prejuicios. ¿Qué es esto?. MARGINACIÓN. ¿Cuál es la consecuencia?. ESCASO PESO ECONOMICO/POBREZA.
El APRA es incapaz de darle una solución a corto plazo; y lo demostró con la adsorción del CONADIS al MIMDES, el cual hoy nada hace. La situación del discapacitado si antes estaba mal, hoy está peor; como si no existiera la persona discapacitada porque no existe un ente que lo represente y peor aún una sociedad cada vez más egoísta de sus propios beneficios.
¿Existen posibles soluciones al respecto a corto plazo?.
No hay que perder la esperanza. Se necesita voluntad política para potenciar en todas las municipalidades las Oficinas de Apoyo a las Personas con Discapacidad, creación del ente rector del discapacitado, capacitación permanente a la Policía Nacional y compromiso a los medios de comunicación para el cumplimiento de la ley, acceso directo a los servicios básicos como educación y salud, donaciones debidamente canalizadas por el ente rector para garantizar la ayuda al discapacitado y capacitación adecuada en todo los rubros.
También se debe incentivar la investigación para mejorar su condición de vida, promover a bajos costos todo material ortopédico, de transporte y medicamentos y que el Ministerio de Trabajo promueva al discapacitado en el rubro de la PEA por medio de las empresas públicas, privadas, microempresas o empresas autogestionarias con la única necesidad de crearles sus fuentes de trabajo, exonerando si es necesario de todo tipo de impuesto.
Con la asistencia de su seguridad social y un respecto digno por parte de la sociedad, la persona discapacitada, hoy marginada y sin oportunidades podrá acceder en algo a estos justos derechos constitucionales.
Pero repito, sin voluntad política nada habrá, por lo que a futuro se tendrá que organizar una lucha reivindicativa por estos derechos conculcados, olvidados, pisoteados por los que actualmente nos gobiernan.
No menciono a nuestros tres congresistas discapacitados. No saben para qué fueron elegidos; son una vergüenza y tristes representantes que nada hacen al respecto.
Es una pena el papel que desempeñan, no debieron estar en el Congreso sino otros con espíritu de lucha que sin lugar a dudas emprenderían el largo camino de llegar a la dignificación de la persona discapacitada.

MANUEL MARTINEZ ROSAS
PERIODISTA
CPP 2593